El caso de Ana R.

Ana R, tuvo una infancia difícil. Cuando era una adolescente se encontró envuelta en ambientes de drogodependencias y hasta los 24 años no pudo salir de ese mundo. Durante esa etapa había tenido una hija, que dejó en la Maternidad para que fuera adoptada, y había estado en la cárcel por robo.

Una vez rehabilitada de la drogodependencia y cumplidos los dos años de prisión, inició una nueva vida gracias a un servicio público de rehabilitación. Sus padres no la dejaron volver a casa porque decían que ya "no era su hija" y tuvo que cambiar de ciudad y buscar trabajo. Su primer trabajo, de dependienta en una tienda de ropa, le duró 6 meses. El día que la propietaria, Monte F., se enteró de su pasado la despidió. Monte F. había tenido un hijo drogodependiente que había recaído muchas veces. En el segundo trabajo, de operaria de una fábrica de chocolate, Ana trabajó un año. Simón P., el propietario de la fábrica, supo que Ana había estado en la cárcel por robo y él creía que un ladrón siempre era un ladrón y que no quería ladrones en su fábrica. Ana consideró que el despido era injusto y lo llevó a los tribunales. El juez, Santiago G., que era íntimo amigo de Simón P., consideró que Simón tenía razón y que Ana era un peligro para la fábrica. Al mismo tiempo Ana inició los trámites para recuperar a su hija, que había sido adoptada. Los padres adoptivos afirmaban que no tenía derecho a recuperar a su hija al cabo de tres años de haberla abandonado, porque en aquellos momentos no había afrontado su responsabilidad.

La evaluación de las acciones.

 En nuestras relaciones estamos continuamente evaluando, juzgando, "criticando" las acciones de los demás y las propias. De hecho todo el mundo se considera capaz y legitimado para evaluar las conductas ajenas. Los profesores evalúan a los alumnos, los padres a los hijos (y a la inversa), los jefes de personal a sus empleados, los ciudadanos a los políticos, etc. Las instituciones sociales también evalúan las conductas de las personas, especialmente las creadas únicamente con esa finalidad, como es en el caso del poder judicial. Los ciudadanos ponen en manos de los jueces la capacidad de evaluar las conductas de los ciudadanos, además de castigarlos si consideran que no son correctas. En el caso anterior, Ana R. es evaluada por sus padres, jefes de personal, jueces, los padres adoptivos de su hija, etc. Ante esta capacidad evaluativo de nuestra sociedad se plantean tres cuestiones:
  1. ¿Con qué criterios, argumentos, principios, se pueden evaluar las acciones de una persona?
  2. ¿Quién está legitimado, autorizado o tiene méritos suficientes para poder evaluar las acciones humanas?
  3. ¿Quién evalúa a los que evalúan? (O sea, quién juzga a los jueces, a los profesores)

 La respuesta a la primera cuestión es la vez clara y difícil: Evaluamos las acciones comparándolas con nuestros valores. Si yo tengo como valor el respeto y el derecho a la vida, evaluaré de forma negativa una acción humana como el asesinato, que va en contra de este valor. Una lista de valores comúnmente aceptada son los derechos humanos. Un profesor de lengua que tiene como valor el respeto a la ortografía, evaluará de forma negativa una prueba con muchas faltas. O sea que una evaluación será correcta si es coherente con nuestros valores. La dificultad de la cuestión es establecer cuáles son los valores más adecuados que han de servir de modelo a la conducta humana. A lo largo de la historia se han dado diversas respuestas, los diferentes sistemas éticos, que veremos más adelante.
En lo referente a la legitimación para evaluar, podríamos afirmar que toda persona con criterio propio y capacidad de razonamiento tiene posibilidad de evaluar conductas, tenga o no estudios o carreras universitarias. El aprendizaje de los valores no se lleva a cabo sólo en la escuela o en el instituto, sino que es una actividad "no reglada" que se produce continuamente, en la calle, con los amigos, a través de los medios de comunicación, de la educación de los padres, etc. Las instituciones sociales delegan en los jueces la capacidad de evaluar las acciones de las personas que perjudican a otras personas o a la sociedad. En este caso se trata de personas con unos conocimientos del derecho y de las leyes y con una honradez y honestidad reconocidas.
 En cuanto a quién controla a las personas que evalúan las acciones de los demás, ya sean jueces, profesores, padres, no se puede marcar un criterio definitivo. Aunque se definiera un evaluador de un evaluador, podríamos considerar la necesidad de otro evaluador, y así infinitamente. Hay que poner un límite a la capacidad de evaluar y suponer que este límite es lo bastante racional y coherente. La seguridad más grande en este tema es siempre la existencia de la libertad y la democracia en una sociedad que puede garantizar la libre expresión de los juicios evaluativos, incluso en los órganos máximos de evaluación. Por ejemplo el Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial y cuando juzga (evalúa) un hecho ya no puede ser evaluado por nadie más, pero los ciudadanos pueden aceptar o criticar la evaluación. Lo mismo pasa en una institución como el gobierno de un país. Los medios de comunicación son también unos últimos evaluadores de las acciones de las instituciones de un estado