En primer lugar, una obviedad: las sociedades contemporáneas son, en su mayor parte, heterogéneas y muy pocos Estados son homogéneos culturalmente. Las diferencias pueden ser lingüísticas, étnicas, religiosas, ideológicas, generacionales…En las democracias, asistimos a un impulso de las reivindicaciones de identidad, un problema que es preciso, de un modo u otro, reconocer y afrontar. El tratamiento político de la diversidad cultural complica desafíos importantes, especialmente en lo que se refiere a la ciudadanía. Para la doctrina multiculturalista, todas las culturas, incluso minoritarias, son iguales y deben acceder al reconocimiento público.

Las primeras políticas multiculturales se desarrollaron en América del Norte, hace treinta años. A partir de 1971, Canadá, seguido de otros países, introdujo el multiculturalismo en su Constitución. En Estados Unidos, las comunidades reconocidas quedaron representadas a partir de entonces a todos los niveles. Las leyes tienden a proteger y promover las minorías y sus culturas: penalización de actos de discriminación, medidas de affirmative action, o discriminación positiva, que instaura cuotas de mujeres y de minorías lingüísticas o culturales…Este reconocimiento de las minorías es políticamente correcto, pero subsiste un riesgo: el de la formación de guetos culturales, de una acentuación de las rivalidades interétnicas, de una institucionalización de las diferencias. La sociedad se convierte entonces en un terreno de confrontación de intereses entre facciones rivales. Cuanto más agudas son las rivalidades, menos libre es el individuo de elegir su campo.
Algunos teóricos estiman, sin embargo, que los principios comunitarios pueden favorecer las condiciones de la libertad individual. Según Michael Walzer, en particular, la comunidad puede ser un lugar de socialización y de aprendizaje de la  ciudadanía.

Particularismo versus “universal nacional”.
No pocos autores se comprometen en una vía intermedia entre universalismo y comunitarismo y consideran que no es necesario institucionalizar las diferencias culturales, como en Estados Unidos, sino comprometerse a que se hagan visibles en la vida social, esas diferencias no deberían quedar arrinconadas en el espacio privado, sino, por el contrario, ocupar el primer plano de la esfera política. Más que hacer del multiculturalismo una proposición por defecto (impedir las discriminaciones culturales), la idea es instaurar un nuevo aprendizaje democrático que haga posible la comunicación intercultural. Promover los grupos culturales implicaría así un reconocimiento mutuo de las identidades, y que el Estado favoreciera la movilidad y el intercambio entre grupos. El filósofo canadiense Charles Taylor (El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”) define así la democracia como la política del reconocimiento del otro y de la diversidad.